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sábado, 27 de diciembre de 2014

Arbitraje: Solucionador de Conflictos entre Consumidores y Proveedores

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En los tiempos actuales el arbitraje se está constituyendo como una forma civilizada de justicia privada, manifestándose como un procedimiento para resolver un conflicto o controversia mediante la fórmula de encomendar la solución a un tercero, escogido por acuerdo de los interesados y ajeno a los intereses de las partes en conflicto.

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El arbitraje como institución contiene tres elementos: el convenio arbitral, de naturaleza contractual, el llamado contrato de dación y recepción de arbitraje y el procedimiento arbitral.

Además, es un medio alternativo de suma importancia para la solución de los conflictos utilizado frecuentemente en el Derecho Internacional para resolver las controversias territoriales o limítrofes entre los estados, pero que en el campo del Derecho Social ha adquirido marcada importancia para la solución de los conflictos colectivos de trabajo, de allí que en nuestro Ordenamiento Jurídico Laboral, el arbitraje es el último medio de solución pacífica de que disponen las partes, antes de que se materialice la huelga o el cierre la empresa.
Una definición contemplada por Vidal Ramírez Fernando,  podría ser como lo cita en su libro: “Arbitraje significa, entonces, el ejercicio de la facultad que ha recibido el árbitro para resolver un conflicto de intereses, esto es, para la composición de la litis”.[1]

García Calderón, lo define como “El sistema privado de arreglo de diferencias, en virtud del cual, las partes de una determinada relación jurídica, sea contractual o extracontractual, acuerdan someter sus diferencias (ya nacidas o futuras) al juicio de particulares imparciales que ellos mismos eligen en forma directa o indirecta para que resuelvan el conflicto en base a equidad o derecho y a cuyo fallo se someten (siendo este normalmente irrecurrible)”.[2]

Fernando Cantuarias Salaverry, lo considera como: “Un medio privado de solución de controversias, mediante la intervención y decisión de terceros también privados, a quienes las partes de manera voluntaria han decidido someter su conflicto aceptando de antemano acatar su decisión.”[3]

Por otro lado Durand Carrión Julio lo define como “El arbitraje en general es el sometimiento de un litigio a un árbitro cuya decisión o laudo es aceptado como obligatoria por las partes”.[4]

De la misma forma,  haciendo hincapié a la Ley del Mercado de Valores en cuanto a su obligatoriedad Ulises Montoya Manfredi señala: “Si bien el art. 340° emplea la palabra ´podrán´ , lo que significaría que el sometimiento al arbitraje reviste un carácter potestativo, sin embargo, el último párrafo de dicho artículo menciona que los inversionistas tendrán el derecho mas no la obligación de someter a arbitraje cualquier disputa que tuvieran con los referidos participantes en el mercado de valores, lo que daría lugar a que sea potestativo para los inversionistas, pero si estos lo plantean seria obligatorio para la otra parte”. [5]

De la misma forma es de recordar que en cuanto al nombramiento de los árbitros la LMV, en su artículo 341°[6] contempla el caso que una de las partes no cumpla con nombrar al árbitro que le corresponde, dentro del plazo de 10 días de habérsele requerido, o si los árbitros no consiguiesen ponerse de acuerdo sobre la designación del tercero dentro del mismo plazo, dispone que será de aplicación el segundo párrafo  del artículo 21°[7] de la Ley General de Arbitraje (LGA) que señala que deberán ser nombrados por el Juez; en este último caso , el árbitro a ser elegido deberá estar debidamente inscrito en el Registro de Árbitros.

Las Características del Arbitraje son:

a)    Es una institución jurídica destinada a resolver conflictos sean individuales, colectivos, jurídicos o de intereses.
b)    Su peculiaridad reside en la intervención de un tercero, por acuerdo de las partes, cuya decisión se impone.
c)    En virtud de un conjunto arbitral previo a la constitución de la junta arbitral o del árbitro único las partes adhieren de antemano al resultado de la actuación del o los árbitros, esto es, al laudo arbitral.

El arbitraje debe ser precedido del compromiso arbitral. En efecto, cuando de la junta de conciliación surge éste como recomendación unánime, deberá ella contener o adjuntar necesariamente los términos del compromiso, todo lo cual no obsta para que la propia acta de recomendación de la junta de conciliación haga sus veces.

El compromiso arbitral, con independencia de la forma que tome, debe contener al menos:

a)    El mandato a los árbitros para actuar como tales.
b)    La delimitación competencial, esto es, sobre qué materias podrán decidir y
c)    La adhesión al laudo que recaiga.

Ahora, ya volviendo al tema que nos compete, el cual es el arbitraje en relación al consumidor o usuario, el artículo 38°[8] de la Ley de Protección del Consumidor, se dictó teniendo en mente una forma de arbitraje que ha tenido desarrollo en otros países: El arbitraje de consumo. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que nuestra ley de Arbitraje prevé en su artículo 11°[9] la inclusión de convenios arbitrales en contratos estándar entre proveedores y consumidores, poniendo especial énfasis en que si el convenio no hubiese sido cognoscible por el consumidor razonable, entonces el proveedor no podrá someter el caso a arbitraje, pero el consumidor si podrá hacerlo y en consecuencia podrá obligar al proveedor a someterse a un tribunal arbitral. No obstante, esta disposición no basta para considerar implantado un sistema de arbitraje de consumo en el Perú.

El sistema arbitral de consumo, bien lo menciona Esteban Carbonell “Es el instrumento que las administraciones publicas ponen a disposición de los ciudadanos para resolver de modo eficaz los conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones de consumo, toda vez que la protección de los consumidores y usuarios exige que estos dispongan de mecanismos adecuados para resolver sus reclamaciones.”[10]

Finalmente es de resaltar tal como lo menciona Durand Carrión Julio: “El arbitraje de consumo se constituye como una de las alternativas más adecuada, porque el consumidor como protagonista del mercado y como centro de referencia de todas las legislaciones del mercado necesita una vía rápida, sencilla y en otros casos gratuita para solucionar sus diferencias en materia de consumo, para hacer efectivos y reales los derechos de los consumidores”.[11]


[1] Vidal Ramírez Fernando, Manual de Derecho Arbitral, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, pág. 21.
[2] García Calderón Moreyra, Gonzalo, El Arbitraje Internacional en la Sección Segunda de la Ley N° 26572, Cecosami, Lima, 2004, pág. 23.
[3] Cantuarias Salaverry Fernando y Aramburu Izaga, Manuel, El arbitraje en el Perú Desarrollo Actual y Perspectivas futuras, Lima, Fundación Manuel Bustamante de la Fuente, 1994, pág. 39.
[4] Durand Carrión Julio Baltazar, Tratado de Derecho del consumidor en el Perú, Fondo Editorial San Martin de Porres, Lima Perú 2007, pág. 302.
[5] Montoya Manfredi Ulises, Derecho Comercial tomo II, Editorial Grijley, Lima Perú, 2004, pag 602.
[6] Ley de Mercado de Valores - Art. 341-Nombramiento :
“Si una de las partes no cumple con nombrar al árbitro que le corresponde, dentro del plazo de 10 (diez) días de habérsele requerido, o si los árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del tercero dentro del mismo plazo , será de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21° de la Ley 26572. En este último caso, el árbitro a ser elegido deberá estar debidamente inscrito en el registro (…)”.
[7] Ley General de Arbitraje – Art. 21: Libertad de procedimiento de nombramiento:
“(…) Si una de las partes no nombra al árbitro que le corresponde dentro del plazo de 10 días de haberse requerido su nombramiento, la designación será hecha por el juez (…)”. 
[8] Art. 38 -Código de Protección y Defensa del Consumidor- Prohibición de discriminación de consumidores:
“38.1 Los proveedores no pueden establecer discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, respecto de los consumidores, se encuentren estos dentro o expuestos a una relación de consumo (…)”
[9] Art. 11- Ley General de Arbitraje: convenios internacionales y relaciones jurídicas estándares:
“(…) los convenios arbitrales referidos a relaciones jurídicas contenidas en las clausulas generales de contratación o contratos por adhesión serán exigibles entre las partes en tanto dichos convenios hayan sido conocidos o hayan sido conocibles por la contraparte usando la diligencia ordinaria (…)”
[10] Esteban Carbonell O´brien, Análisis al código de protección y defensa del consumidor, Jurista Editores, Lima Perú, pág. 406.
[11] Durand Carrión Julio Baltazar, Tratado de Derecho del consumidor en el Perú, Fondo Editorial San Martin de Porres, Lima Perú 2007, pág. 303.

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