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martes, 6 de enero de 2015

Características del Arbitraje de Consumo

Una de las piedras angulares sobre la que se articula el sistema de protección de los consumidores y uno de los medios más eficaces para la eficaz y rápida garantía de los derechos de los consumidores.

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Debe entenderse como el Sistema Arbitral de Consumo al señalar que es “el sistema extrajudicial de resolución entre consumidores y usuarios y los empresarios a través del cual, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios, siempre que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte o incidan indicios racionales de delito”. De este concepto se pueden describir las bases de este sistema Arbitral de Consumo:

  1. Es un sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre consumidores y empresario, lo que implica que no es aplicable a los conflictos entre consumidores entre sí o entre empresarios, para los cuales habrá que recurrir al régimen general de arbitraje.
  2. El arbitraje de consumo solo puede iniciarse a instancia del consumidor, y nunca por el proveedor contra un consumidor. Esto se desprende del art. 19° del Reglamente: “El procedimiento arbitral se inicia con la petición escrita dirigida por el consumidor a la Junta Arbitral de Consumo.
  3. Sin formalidades especiales, lo que no significa que el procedimiento de arbitraje no esté regulado y sometido a unas concretas normas de actuación, sino que el citado procedimiento será ágil, barato y accesible para los consumidores, sin que sea admisible el establecimiento de limitaciones a dicho ejercicio, en especial el empleo de profesionales de forma obligatoria.
  4. Carácter voluntario del arbitraje,basado en un contrato denominado convenio arbitral, de tal forma que el sometimiento a arbitraje no puede ser impuesto ni al consumidor ni al empresario, sino que requiere el consentimiento expreso, por escrito o a través de medios electrónicos, de ambas partes para que pueda ser llevado a cabo, sin posibilidad de imposición alguna, ni siquiera a través de condiciones generales incluidas en contrato de consumo.
  5. Carácter vinculante para ambas partes, de forma que la resolución que dicten los órganos arbitrales de consumo, dado el sometimiento voluntario de las partes ha dicho arbitraje, éstas deben aceptar el contenido del laudo arbitral, limitándose la posibilidad de impugnación del mismo con el fin de no dilatar ni judicializar el arbitraje de consumo.
  6. Carácter ejecutivo del laudo arbitral, lo que supone que, de facto, el laudo produce los mismos efectos que una sentencia judicial firme, resolviendo de manera definitiva el conflicto entre el consumidor y el empresario sin necesidad de confirmación ni administrativa por otro de los órganos que se integran en el Sistema Arbitral de Consumo, ni judicial.
  7. Limitación de materias objeto de arbitraje, al excluir de forma expresa todos aquellos casos en lo que el conflicto verse sobre intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito, teniendo además que versar sobre una materia sometida a la libre disposición de las partes conforme a derecho.
  8. Carácter institucional, los órganos arbitrales deberán estar integrados por representantes de los sectores empresariales, de las organizaciones de consumidores y de las administraciones públicas, desarrollándose el mismo bajo la dirección de órganos integrados en la Administración de consumo[1].
El Arbitraje de consumo es un arbitraje impropio, tripartito y paritario en el que se eligen tres ámbitos (uno por parte de la organización de consumidores, otro por la organización de fabricantes y otro por las Administraciones competentes) no por la voluntad de las partes.[2]

De esta manera hacer posible que funcione el Arbitraje de Consumo satisfactoriamente en la resolución de las disputas entre consumidores, usuarios y empresarios, trae como consecuencia ventajas importantes como podría ser evitar el desgaste emocional y económico que conllevan los conflictos, aunado a reemplazar la acción jurisdiccional que tiene el ciudadano su derecho de elegir. De esta forma para abundar en el tema asumimos, que las relaciones de consumo se producen entre un consumidor, usuario y empresario, “en consecuencia y descendiendo del plano teórico al meramente práctico, estaremos en una relación de consumo cuando un particular adquiera, utilice o disfrute bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, como destinatario final, de personas físicas o jurídicas que hayan de estar por imperativo legal dados de alta en el impuesto de actividades económicas, excepto la Administración, obviamente. Creo que éste es el criterio práctico más fácil que se puede seguir para distinguir cuando no encontramos en una relación jurídica que pueda da lugar a eventuales arbitrajes de consumo. No obstante, solo habrá de considerarse relación de consumo aquélla en la que la contraparte empresario, comerciante o profesional actúe en el ejercicio de su actividad o profesión, de tal suerte que si un abogado arrienda a título privado una vivienda de su propiedad a un particular, no estaremos entonces en presencia de una relación o acto de consumo, sino en un negocio jurídico entre particulares”.  [3]

[1] (Larrosa Amante, 2011)
[2] (Roca Aymar, 1994)

[3] (Gonzalo Quiroga, Gorjón Gómez, & Sánchez García, 2011)

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