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martes, 6 de enero de 2015

El Albritraje de Consumo

La figura del arbitraje, como toda institución, ha tenido un origen y posterior evolución.

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Su existencia se remonta a épocas antiquísimas, en las sociedades primitivas, en donde los conflictos en principio eran resueltos apelando a la fuerza o a la Ley del Talión[1], pero conforme el inicio de la convivencia social surgieron intereses y opiniones divergentes sobre un mismo asunto, que muchas veces generaba discrepancias entre unos y otros, es ahí que surge la idea de un tercero neutral, aquella persona que contara con respetabilidad y credibilidad de ambas partes para poder resolver sus controversias, generalmente esta responsabilidad recaía en el jefe de la tribu, que con su intervención podía resolver las disputas que habían surgido entre estos grupos. 
 
El arbitraje tiene sus orígenes en el derecho romano, se ha señalado que la institución del  arbitraje en Roma, adquirió raíces propias.[2]  Específicamente en  la Ley de la XII Tablas o también llamada Ley de Igualdad Romana, en el cual contenían las normas para regular la convivencia romana, en ese sentido tenemos IX-III[3] donde aparece el procedimiento y la intervención de un magistrado, cuya función era impedir el ejercicio de la justicia privada basada en la venganza, a través de la imposición de pactos entre las partes. 

En ese sentido ya en la Ley de las XII Tablas y el Derecho Pretoriano, contenían normas que regían el arbitraje iniciándose así una etapa de formaciones jurídicas y orgánicas, expresadas en las regulaciones de las funciones del árbitro y sus responsabilidades, así como en el carácter del laudo arbitral. Ya en el Derecho español y francés se expande la práctica del arbitraje reglamentándose la institución con normas relativas a los árbitros de derecho. El Fuero Juzgo, las Ordenanzas Reales de Castilla y la Recopilación de las Indias, formulan disposiciones sobre el régimen arbitral para España y sus colonias. El Derecho francés contiene principios sobre arbitraje obligatorio, que la Revolución Francesa consagra con gran proyección internacional. La concepción objetiva y conciliadora de arbitraje, encuentra en esta etapa una sistematización sobre las distintas materias de la disciplina arbitral, con regulaciones en los códigos de Procedimiento Civil de los distintos países. [4]
Con el transcurrir del tiempo, el arbitraje fue desvaneciéndose, esto es a razón que los pueblos fueron convirtiéndose en naciones, quienes se organizaban en Estados, por lo que solo se confirió a los árbitros en rol de conciliadores.

En la actualidad en el Perú las relaciones de consumo se regulan por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 716 - Ley de Protección al Consumidor. Asimismo, lo podemos encontrar en nuestra Constitución Política del Estado en el Capítulo 11 del Régimen Económico, en el cual se señala que la protección al consumidor se desarrolla en el marco del sistema de economía social de mercado, debiendo ser interpretado en el sentido más favorable al consumidor. Es por ello, que mediante el Decreto Ley Nº 25868 de fecha 25 de noviembre de 1992 - Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de La Propiedad Intelectual se crea el INDECOPI, como Organismo dependiente del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, hoy MITINCI. Es el encargado de aplicar las normas legales con el fin de proteger, entre otras, las prácticas que afecten a los agentes del mercado y a los consumidores así como la calidad de los productos y otros que se le asignen. Es a raíz de los conflictos que se producen entre consumidores y proveedores que se crea mediante el Decreto Supremo N° 046-2011-PCM el reglamento del sistema de Arbitraje de Consumo, con el objeto de resolver de manera gratuita y célere, estos conflictos surgidos entre los consumidores y proveedores. 

La modificación de la Ley de Protección al Consumidor introducida por el Decreto Legislativo N° 807, dispuso que la Comisión de Protección al Consumidor establezca, directamente o mediante convenios con instituciones públicas y privadas, mecanismo de resolución de disputas como el arbitraje para atender las reclamaciones de los consumidores. Aún cuando nunca fue puesto en ejecución, cabe resaltar que la norma permitía la participación de instituciones privadas en la gestión del Arbitraje de Consumo.
Existe en el Perú, un Centro de Arbitraje de la SUNASA que funciona desde años atrás y resuelve determinados tipos de reclamos de los usuarios del Sistema de Entidades Prestadoras de Salud, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT).

[1] “Ojo por ojo, diente por diente”. La Ley del Talión decía: “ si hay lesiones el culpable pagara vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión” (éxodo 21,23-25)

[2]Murga, J.L. derecho romano clásico II. El proceso. Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 3era edición. Zaragoza España, 1989, pág. 21 y 22.

[3] Tabla III. Confesada la deuda (el dinero) y jugadas las cosas en derecho, hay un plazo legal de 30 días. Luego, que se le prenda. Llévese al tribunal ante el magistrado que regirá el litigio. Si no cumple lo sentenciado ni nadie lo avala ante el tribunal, que lo lleve consigo (el acreedor), lo ate con cuerda o con cadenas de, como máximo, quince libras o si quiere, de menos. Si lo quiere viva de lo suyo. Si no, el que lo tiene encadenado le dará una libra de grano al día. Si quiere, le dará más. Sin embargo, aunque daba el derecho a avenirse y, sino, lo tenían encadenado sesenta días. Durante ellos, por  tres mercados seguidos, se le llevaba al comicio ante el pretor y se anunciaba la cuantía de su condena. Al tercer mercado se ejecutaban las penas capitales o iban venderlo al otro lado del Tiber, como extranjero. Al tercer mercado, que se corten los pedazos. Si no resultan iguales no sea fraude.


[4] Comisión Andina de Juristas. E- mail rij@cajpe.org.pe

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