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martes, 2 de junio de 2015

Acceso a la Información Concursal

Acceso a la Información Concursal
El Indecopi expedió un nuevo precedente de observancia obligatoria, publicado con fecha 26 de marzo de 2015, en Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el cual deja sin efecto un anterior precedente contenido en la Resolución N° 0988-2005/TDC-INDECOPI. El precedente en comentario descansa al interior del procedimiento concursal del Club Universitario de Deportes (Expediente Nº 0172- 2011/CCO-INDECOPI). Puntualmente, con este nuevo criterio se recupera el deber y derecho de las partes involucradas en el concurso o de aquellas con interés en este, sin verse en la necesidad de sustentar expresión de causa, de poder acceder a la información y/o documentación, que conforma el acervo documentario de un determinado procedimiento concursal, de acuerdo con lo consagrado en la Constitución del Perú, en particular el artículo 2 inciso 5 y en las normas contenidas en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de transparencia y acceso a la información pública o Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, en especial, los artículos 10, 15, 16 y 17. Y sumarle, de manera teleológica lo expresado en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del procedimiento administrativo general o Ley Nº 27444, de interpretación extensiva.

Lineamientos

El texto del numeral correspondiente a la Ley General del Sistema Concursal o Ley Nº 27809, que es el origen del asunto en comentario, señala a la letra (textualmente):
 “Artículo 13º.- Acceso a la información concursal.

13.1 Los acreedores tienen el derecho de acceder a toda la información que requieran para tomar decisiones en los procedimientos concursales, sin perjuicio de las excepciones contempladas en la Constitución y en el marco legal vigente. Es obligación de los deudores y de las entidades administradoras y liquidadoras brindar dicha información.

13.2 En el caso de juntas, el derecho de información de los acreedores se regula por el artículo 52”. Cabe mencionar que el numeral 13.1. establece el derecho que tiene el conjunto de acreedores de poder acceder a toda la información y documentación, que resultare de singular relevancia o importancia para la adopción de acuerdos o toma de decisiones en el desarrollo de los procedimientos concursales.

La mejor posición por todos aquellos personajes ligados al sistema concursal es la de tener acceso a la información, ya que esta es la que permite la claridad y legitimación llevada a cabo por cada una de las partes dentro de un procedimiento en particular, llámese a estos actores, deudores o acreedores; vale decir que los actores en mención tienen intereses y responsabilidades, así como igual importancia en esta carrera por lograr un mismo objetivo, ya sea esta, la de mantener la viabilidad de la empresa o la protección del crédito.[1]

Es un objetivo fundamental al interior de los procedimientos que previenen crisis patrimoniales, que tanto acreedores como el propio deudor, en primer momento, y luego entidades administradoras o liquidadoras, brinden toda la información en beneficio de las partes involucradas, con la consiguiente postura eficiente, que coadyuvará a maximizar costos de transacción.

Ello, conlleva a que los acreedores –los más afectados con la pérdida en el negocio– no solo deberán contar con la información suficiente sobre la empresa sometida a concurso, sino que también podrán ejercer sus derechos de exigir a ser informados debidamente. El objetivo que busca la ley al establecer el deber de los deudores y de las entidades administradoras y liquidadoras de brindar información a los acreedores, es otorgar a estos las herramientas necesarias para la toma de decisiones adecuadas a sus respectivos intereses al interior de los procedimientos concursales, lo que implica que los acreedores no solo deberán esperar contar con la información relevante sobre la empresa sometida a concurso, sino que también podrán ejercer su derecho de exigir ser informados, ya que son los principales afectados con la crisis del deudor. [2]

Reglas de conducta

En el devenir del procedimiento concursal, el deudor debe observar ciertas reglas de conducta, verbigracia, poner a disposición de sus acreedores, y de manera antelada, la propuesta sobre el destino del negocio, sea con la continuación del giro (reestructuración) o su salida ordenada del mercado (liquidación) siendo toda la información concerniente a la empresa, lo que permita conocer meridianamente la situación patrimonial de la misma. Somos de la opinión que el abaratar los costos de transacción, hará posible el adoptar decisiones acertadas, eficientes y en corto plazo.

No compartimos en estricto lo dispuesto en el numeral 13.2 del presente artículo, puesto que la adopción de acuerdos debe darse de la mejor manera posible, ello implica contar con la información necesaria para poder adoptar acuerdos objetivos y razonables. Esto significa que el sesionar válidamente, con prescindencia de dicha documentación o información puede –a nuestro parecer– acarrear nulidades insubsanables que vayan en desmedro justamente de los más afectados: los acreedores.

Por tanto, sería recomendable imponer apercibimientos a los sujetos que deban entregar el acervo documentario y proporcionar la información suficiente para la adopción de acuerdos, al interior del procedimiento concursal, tal como lo señalamos oportunamente en el año 2009, en nuestro libro El Sistema Concursal en los comentarios pertinentes, en especial, del artículo 27.2 de la Ley Nº 27809 de interpretación restrictiva y de manera conjunta con el artículo 13.1 de la aludida norma.

[1] REVERTER PILARES, Fernando – HERRERA CAZORLA, Luis. ‘El acceso a la información concursal -¿barreras de protección o limitaciones al interés público?’ Revista Electrónica de Derecho Concursal: Vía Crisis Nº 8. Lima, 2005
[2] FLINT BLANCK, Pinkas. Tratado de Derecho Concursal- Lima: Editorial Jurídica Grijley, 2003, p. 256.

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