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martes, 26 de enero de 2016

La informalidad Empresarial en el Perú

La informalidad Empresarial en el Perú
Hoy el país exige propuestas concretas que deberían convertirse en los ejes de la campaña electoral que se avecina. Uno de esos puntos es el de reducir la informalidad en el Perú. Mientras no se entienda que el Derecho tiene un costo en términos económicos y no se realicen análisis económicos antes de promulgar una norma jurídica o dictar una sentencia, vamos a seguir siendo un país informal. Mientras que la mente del empresario promedio siga asociando más dolor a la idea de ser formal en el Perú que a la de ser informal, no podremos curar esta enfermedad[1].

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El desempeño de la economía peruana en los últimos 25 años ha sido positivo; sin embargo, la informalidad no ha decrecido, lo que ha conllevado a que el Perú sea el sexto país más informal del planeta. Según un estudio del Banco Central de Reserva, el grado de informalidad en el Perú es elevado y mucho mayor que el de Chile y Estados Unidos, según todos los indicadores. Además, de acuerdo con el porcentaje existente de producción informal (Schneider) y de autoempleo, es también superior al de México y Colombia[2].


Muchos artículos se refieren a la informalidad como “el problema de la informalidad”. En realidad, la informalidad no es el problema, sino el síntoma. El problema es aquello que produce el síntoma. En otras palabras, la informalidad es el efecto, la consecuencia de algo. Entonces, para combatir la informalidad, primero debemos saber qué es aquello que motiva a las personas a ser informales. ¿Por qué un ciudadano peruano elige ser informal si tiene la opción de ser formal?

La respuesta a esta interrogante la dan muchos empresarios: “No es negocio ser formal”. Si esta es la respuesta para curar el síntoma de la informalidad, por qué no analizar las razones detrás de esa poderosa afirmación, mediante un análisis económico del Derecho.

 Tipos de informalidad

En términos conductuales, ser formal es más doloroso que ser informal. La mente del empresario asocia mayor dolor a la formalidad que a la informalidad. En términos económicos, el empresario percibe mayores beneficios siendo informal que siendo formal.

Hay dos tipos de individuos característicos dedicados a actividades informales: (i) los que nunca entraron en el circuito legal, y (ii) los que, habiendo entrado, desertan de él haciendo informal parte de sus actividades. Dadas las características de nuestra legislación, no existe libre acceso.

De acuerdo con Enrique Ghersi[3], no basta que una persona quiera entrar en un mercado, hacer una casa, habilitar un terreno, formar un negocio o emprender una industria para que, en efecto, lo realice. Es necesario recabar permisos previos: hay que pasar por el tamiz del Derecho. Esto fija un primer nivel de relación entre el individuo y la ley: cuantificar el costo de la legalidad, al que el Instituto Libertad y Democracia (ILD) ha llamado “costos de acceso a la formalidad”.

El segundo momento ocurre cuando, logrado el acceso, el individuo quiere emprender ya sea haciendo una casa, urbanización, servicio, industria o comercio y encuentra que no puede operar autónomamente. Antes bien, su conducta está ligada, condicionada y estimulada por la legalidad. Hay que pagar tributos y cumplir reglamentos laborales. Hay que tramitar licencias de cambio y observar procedimientos administrativos. Hay que edificar de acuerdo con el Reglamento Nacional de Construcciones o servir la ruta según tal o cual regla. Hay, en suma, muchas normas que cumplir: un individuo no solo debe lograr acceso legal a su actividad, sino que también conservar esa legalidad. A este segundo componente el ILD lo ha llamado “costos de permanencia en la formalidad”.

Tanto acceder como permanecer en la formalidad tiene un costo. Por lo tanto, podemos concluir que las normas jurídicas y el Derecho tienen un costo. Pero, ¿qué es realmente un costo? ¿Cuánto cuesta algo? Desde un punto de vista objetivo, el costo de algo responde a la pregunta de cuánto cuestan los materiales y la mano de obra de ese algo. Todas sus partes integrantes serían el costo de dicho algo. En cambio, la visión subjetiva nos dice que el costo de algo es aquello que uno deja de hacer para tener “ese algo”. Así, el costo bajo la visión subjetiva será el costo de oportunidad. El costo será la oportunidad sacrificada.
Nuestros legisladores deben entender el costo que significan las normas jurídicas en nuestra sociedad. El Derecho no es gratuito y, sin embargo, muchas escuelas del Derecho creen que cumplir con las normas no cuesta nada. No se ponen a pensar que pagar impuestos cuesta, que sacar licencias municipales cuesta, que hacer contratos cuesta. Un contrato cuesta no solamente el precio que pagas por el bien o por el servicio, sino también cuesta contratar porque la información no está en el mercado y las partes contratantes tienen que buscarla y descubrirla, y porque para ello se requiere tiempo que hay que invertir y distraer de otra actividad y las personas no están dispuestas a pasar por esto.

El Estado debe comprender que el Derecho tiene una función económica que consiste en reducir el costo de transacción. Si el mercado no fuera costoso, el Derecho no existiría, pero como el mercado es costoso, el Derecho tiene que existir para reducir el tiempo e incrementar la información necesaria para cada transacción.

Tal como lo señaló el profesor Enrique Ghersi en una conferencia dictada el 19 de febrero de 2010 en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, el Derecho reduce el tiempo porque le permite a las personas, rápidamente, tomar una decisión. Por ejemplo, cuando nos casamos legalmente sabemos cuáles son las consecuencias del matrimonio legal porque el Derecho reduce los costos de transacción de la relación matrimonial. Pero no solamente nos permite colectar información, nos permite también reducir el tiempo ¿Por qué? Porque el Derecho reúne más información de la disponible para cada uno de nosotros individualmente. Si nosotros, cada uno por separado, tuviéramos que tomar una decisión sin la información de los demás, nos demoraríamos mucho más tiempo. 

En cambio, el Derecho nos proporciona información y nos reduce el tiempo. Si el Derecho tiene una función económica fundamental, es la de reducir el costo de transacción. En consecuencia, si el Derecho aumenta los costos de transacción, las personas optarán por caminos diferentes al Derecho.

Fuente: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO, Suplemento Jurídico del Diario Oficial el Peruano. Edición N°580.


[1] ALEJANDRO MORALES Abogado por la Universidad de Lima. Coach certificado por la International Coaching Community de Londres. Empresario.
[2]  LOAYZA, Norman. “Causas y consecuencias de la informalidad en el Perú”. En: Revista Estudios Económicos. Lima, 2015. 
[3]  GHERSI SILVA, Enrique. “El costo de la legalidad”. Lima: Themis- Revista de Derecho, N° 19, 1991.

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