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viernes, 27 de mayo de 2016

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS OMC

DIFERENCIA DS457
Perú — Derecho adicional sobre las importaciones de determinados productos agropecuarios
Resumen de la diferencia:
La presente demanda fue presentada por Guatemala al Estado peruano el 12 de abril del 2013, con respecto a la imposición de un “derecho adicional” que afecta a la importación de determinados productos agrícolas, como el arroz, el azúcar, el maíz, la leche y algunos productos lácteos. El Órgano de Solución de Diferencias de la OMC estableció el 19 de septiembre de 2013 la composición del Grupo Especial, que se encargaría de este caso, el cual presento su informe el 27 de noviembre del 2014.

Como ya se dijo la diferencia se refiere a los derecho adicionales impuestos por el Perú a ciertas importaciones agropecuarias, quien lo hizo utilizando un mecanismo llamado Sistema de Fijación de Precios, que funciona con un precio piso y un precio techo que reflejan el precio internacional de los últimos 60 meses, además de ello se utilizó un precio promedio de los mercados internacionales para el  producto. La lógica peruana de la aplicación del derecho adicional era; que se aplicaría cuando el precio de referencia del producto afectado era inferior al precio piso, y cuando el precio de referencia era superior al precio techo, se reduciría el arancel aplicable.
Guatemala estuvo en desacuerdo con esta aplicación de un derecho adicional y manifestó, que según el artículo 4 del Acuerdo sobre  Agricultura, que estos derechos eran gravámenes variables a la importación que inducían a precios mínimos de importación y que por lo tanto se deberían de convertir en derechos de aduana propiamente dichos. Además son considerados como “Demás Derechos y Recargos” y que al no haber sido inscritas como tal por el Perú, infringen el acuerdo de la GATT de 1994.  Por su lado, Perú argumento que dichos derechos formaban parte de su arancel y por lo tanto eran derechos de aduana propiamente dichos. Además de ello, también alego que el TLC suscrito con Guatemala, en diciembre del 2011, le permitía  mantener su SFP. 
El informe del Grupo Especial también llego a la conclusión que, dado que el TLC no había entrado en vigor, sus disposiciones no eran vinculantes para las partes en ese momento, y que además los derechos adicionales resultantes del SFP constituyen gravámenes variables a la importación. El informe también mencionaba que los derechos adicionales resultantes del SFP no constituyen precios mínimos de importación. Según el informe los derechos adicionales resultantes del SFP no podían ser considerados derechos de aduana propiamente dichos y deberían ser considerados como “demás derechos o cargas aplicados a la importación”, y ya que el Perú no había registrado estas como tal, dicha imposición era incompatible con el articulo II de la GATT de 1994.  El resultado final del informe fue la recomendación del Grupo Especial para que el Perú pusiera su medida en conformidad con las obligaciones que le corresponden según la normas de la  OMC.
El 25 de marzo de 2015, el Perú notificó al OSD su decisión de apelar ante el Órgano de Apelación respecto de determinadas cuestiones de derecho e interpretación jurídica que figuran en el informe del Grupo Especial, quien emitió su informe el 20 de julio de 2015, no mostrando ningún cambio  de lo dispuesto por el Grupo Especial.  El plazo del cumplimiento para la aplicación de las recomendaciones tenía como fecha máxima el 29 de marzo de 2016.
Comentario:

Finalmente se puede decir, que el resultado del informe del Órgano de apelación no tuvo casi variación con el informe del Grupo Especial, esto se debe a que Perú baso su sustentación de fijación de precios en el TLC firmado con Guatemala, el cual aún no entraba en vigor, por lo tanto no fue tomado en consideración para la solución de la demanda. La actuación del Grupo Especial fue la indicada, puesto que fijo y recomendó, al derecho adicional impuesto por Perú, ser considerado como un cargo y sobrecargo, puesto que Perú no había suscrito dicho derecho adicional como derecho arancelario como tal ante la OMC, es por ello que se recomendó aplicarla como un sobrecargo y para ello se estableció un periodo prudencial para su ejecución y consideración como tal. 

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