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martes, 21 de junio de 2016

Formalización y Tributación

Cualquier programa económico que busque alentar el crecimiento productivo y el progreso social tiene que atacar la informalidad, pues esta alienta prácticas negativas en campos que trascienden lo económico e incluyen en las bases de la sociedad.

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En los últimos años se desplegaron esfuerzos para reducir la informalidad en el país. Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), un informe de la OCDE del 2015 calificaba al Perú como un país con mayor persistencia de informalidad. Si bien las tasas de crecimiento del producto bruto interno (PBI) muestran innegables progresos, esto no se traduce necesariamente en la reducción de la informalidad.

Enfoque

En el país, más de la mitad de los trabajadores informales (55%) continúan en esa condición dos años después, y solo el 12% de los que laboran informalmente encontró un empleo formal al año siguiente.

Con la llegada de un nuevo gobierno, el problema de la informalidad y de cómo bajar esos índices se convierte en tema de discusión. Diversas son las recetas para combatirla, desde la represión hasta la facilitación de mecanismos, instrumentos, reformas y plazos para alentar la formalización de empresas y trabajadores.

Desde la tienda de Peruanos por el Kambio, la lucha contra la informalidad tiene un ingrediente tributario, entre otros aspectos. Se propone reducir gradualmente el impuesto general a las ventas (IGV) de 18% a 15% en tres años. Según sus promotores, el IGV actual es muy alto. Es más, “constituye una barrera para la formalización”. La reducción sería de un punto cada año, con el objeto de alentar la formalización de las micro y pequeñas empresas.


La lógica es: al bajar las tasas, se recauda menos, pero a la vez se alienta la formalización, pues se incrementa la oferta, bajan los precios y aumenta la demanda, con lo cual hay más transacciones y, por lo tanto, se llega a un punto donde la recaudación se eleva. Con ello se combate mejor el contrabando y se amplía la base tributaria, lo que genera un círculo virtuoso. Asimismo, cuando los informales entran en el campo formal, hay acceso al crédito; los trabajadores están asegurados y, por lo tanto, se recauda más.

Si bien el IGV peruano es uno de los más altos, hay otros países que incluso están por encima del nuestro (18 %) y también por debajo. Tenemos que el IGV o similar de Uruguay es 22%, Argentina 21%, Chile 19%. Por debajo, Brasil 17%, México y Colombia 16%, Paraguay 15%, Ecuador, Venezuela 12%, Bolivia 13% y Panamá (7%).

Antecedentes

La última rebaja del IGV se realizó en el segundo gobierno del expresidente Alan García, de 19% a 18%, pero en un contexto donde la economía crecía por encima de 8%; por esta razón el efecto de tal reducción fue marginal. En el equipo económico del futuro gobierno puntualizan que la reducción del IGV no generará déficit, en cambio beneficiará con menos precios, se incrementará la formalidad y se dinamizará el consumo.

Las opiniones son diversas; Comex Perú refiere que la medida facilitaría más efectivo y, por lo tanto, más consumo; otros refieren que la actual desaceleración de la economía nacional no es el mejor escenario para esta decisión El jefe del equipo económico de Peruanos por el Kambio, Alfredo Thorne, destacó que reducir la informalidad es uno de los “ejes fundamentales del programa”. La propuesta económica resalta “un estímulo iscal, el desarrollo de un conjunto de reformas estructurales para bajar la informalidad y la reducción de la pobreza”. Agrega que “una reforma tributaria tiene que ser sencilla, neutral, que afecte lo menos posible las decisiones al consumo e inversión; y que sea recaudatoria”.

La propuesta para alentar la formalización desde el punto de vista tributario también corre por otro camino; se propone “un programa de formalización tributaria de 10 años a las empresas que facturen 2,300 UIT o menos, lo que les permitirá que paguen 10% de impuesto a las utilidades o, si se les hace muy difícil llenar el formulario, solo el 2.5% de sus ventas brutas, y borrón y cuenta nueva a sus deudas tributarias, siempre y cuando se comprometan a formalizarse”. Empero, la lucha contra la informalidad trasciende el campo tributario; hay otras consideraciones que tienen que abordarse, como los costos laborales, regulatorios y municipales.

La formalización promete convertirse en la prioridad de la política del nuevo gobierno en cuanto a la economía. Se ha lanzado la cifra meta de 50% de formalidad laboral para 2021, resultado de un esfuerzo conjunto de políticas públicas destinadas al logro de este objetivo enmarcadas en una “propuesta de crecimiento con equidad, de ampliación de la base tributaria y de mayor eficiencia del Estado”.

Los costos

Un trabajador formal gana cerca del doble que un trabajador informal. En 2014, un trabajador formal percibía, en promedio 11.90 soles por hora, mientras que un informal solo 5.30 soles, y la brecha de ingresos por hora se incrementa a medida que mejora el nivel educativo, refieren en el Ceplan.

La informalidad es particularmente alta en las regiones del norte y sur del Perú. Por ejemplo, “9 de cada 10 trabajadores son informales en Huancavelica, Ayacucho, Puno y Cajamarca. A su vez, en Lima, 5 de cada 10 trabajadores laboran en la informalidad en el sector servicios.

En Ica, 8 de cada 10 trabajadores son informales en el sector comercio”. Las actividades económicas con mayor informalidad laboral son agricultura (97.2%), transportes y comunicaciones (80.5%), construcción (75.7%) y comercio (74.3%), donde poco más de 7 de cada 10 trabajan en condiciones de informalidad. Por su parte, miembros de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) recalcan que son más de 11 millones 600,000 los trabajadores que no tienen acceso a derechos laborales fundamentales ni a seguridad social (gratificaciones, vacaciones, protección contra el desempleo, seguro de salud y sistema de pensiones).


Fuente: Diario Oficial el Peruano. Suplemento Económika N° 178.

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